Ley de obesidad en Colombia: qué cambia para el médico que prescribe GLP-1

Guía completa: GLP-1: guía completa de semaglutida, tirzepatida y más

Qué aprobó el Congreso y qué falta: PL 367/2025 en la Cámara

En Colombia, el Proyecto de Ley 367 de 2025 Cámara, «por medio de la cual se reconoce la obesidad y el sobrepeso como enfermedades crónicas y se establecen lineamientos para su prevención, diagnóstico temprano, manejo integral y seguimiento», está en trámite en plenaria de la Cámara de Representantes. La página oficial de la Cámara lo registra como proyecto de ley ordinaria de la Comisión Séptima, radicado el 24 de septiembre de 2025, con unos 40 representantes y cinco senadores entre sus autores².

El 21 de octubre de 2026, la Gaceta del Congreso 1605 publicó el informe de ponencia positiva con modificaciones para segundo debate, fechado el 16 de octubre. Según el texto, el primer debate se aprobó con modificaciones el 9 de junio de 2026 (Acta 27) y el proyecto seguirá como ley ordinaria, no estatutaria, porque no altera el núcleo esencial del derecho a la salud¹.

Lo que no se pudo verificar: ni la Gaceta ni la página de la Cámara muestran una fecha para el debate en plenaria ni un resultado de votación¹². Es decir, hoy es un proyecto con ponencia, no una ley.

«Reconocer» la obesidad como enfermedad: Colombia ya lo hizo en 2009

El título del proyecto sugiere una novedad que no es tal. El artículo 1 de la Ley 1355 de 2009 (Diario Oficial 47.502 del 14 de octubre de 2009) declaró «la obesidad como una enfermedad crónica de Salud Pública»³. La propia ponencia lo reconoce: describe esa ley como un hito, pero de «enfoque principalmente declarativo», que no logró articular salud mental, educación, entorno urbano y atención clínica¹.

La ponencia justifica el nuevo texto con cifras de prevalencia: más del 56 % de los adultos con sobrepeso u obesidad según la ENSIN 2015, 17,9 % de adolescentes y obesidad abdominal en más del 59 % de las mujeres y el 39 % de los hombres, y admite que «no se dispone de datos oficiales más recientes»¹. Para un médico, la lectura útil es otra: el reconocimiento ya existía; lo que el proyecto intenta es convertirlo en guías, vigilancia y acceso.

Artículos 9 y 13: guías con componente farmacológico y acceso a tratamientos

El artículo 9 obliga al Ministerio de Salud y Protección Social a actualizar «periódicamente las guías de práctica clínica y protocolos de atención para el manejo del sobrepeso y la obesidad, incluyendo componentes nutricionales, psicológicos, farmacológicos, procedimientos e intervenciones clínicas y de actividad física». Puede adoptar lineamientos de la OMS, la OPS u otras agencias, y el período de actualización no podrá superar cinco años¹.

El artículo 13 es el que más pesa para la consulta: «El Gobierno nacional garantizará el acceso a tecnologías en salud y tratamientos disponibles en el país y que se requieran para el manejo integral de la obesidad, respetando el principio de autonomía médica y procurando equidad en el acceso»¹. Pero tiene tres frenos escritos en el mismo texto:

• El acceso «deberá sujetarse» a las guías de práctica clínica, que a su vez deben fijar criterios de indicación, severidad, riesgo, seguimiento, contraindicaciones y priorización¹.
• La norma «no implicará el reconocimiento automático de una tecnología, tratamiento o procedimiento específico» ni sustituye la evaluación de tecnologías, la actualización de beneficios ni las reglas de financiación del sistema¹.
• Para segundo debate se propone añadir que la incorporación de nuevas tecnologías, medicamentos y dispositivos requerirá evaluaciones previas de costo-efectividad e impacto presupuestal del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS)¹.

Traducción práctica: el proyecto no ordena que las EPS cubran semaglutida, tirzepatida ni ningún otro fármaco. Ordena que haya guías oficiales que digan cuándo un tratamiento farmacológico está indicado, y deja la cobertura al filtro del IETS. Si la ley se aprueba, la guía del Ministerio, no el texto legal, será el documento que decida quién accede.

Qué dice hoy el Invima sobre GLP-1 con fórmula y productos sin registro

Mientras el Congreso discute el marco, el Invima mantiene una línea simple. Su informe de seguridad 143-2025 (16 de julio de 2025) recuerda que semaglutida, dulaglutida, liraglutida y lixisenatida se venden «únicamente» bajo fórmula médica, para control de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad o para control glucémico en diabetes tipo 2, y pide no comprarlos «en sitios no autorizados, ni en plataformas de compra en línea»⁴.

El Colombiano reportó en agosto de 2026 que Wegovy (semaglutida) ya tiene aprobación para obesidad y sobrepeso, mientras Ozempic y Mounjaro (tirzepatida) tienen registro para diabetes¹⁰. En paralelo, el Invima emitió la alerta 95-2026 contra tirzepatida inyectable de 20 mg/mL sin registro sanitario, vendida por Facebook «para uso estético» y clasificada como producto fraudulento⁵, y Portafolio informó en julio de 2026 que el instituto identificó al menos seis productos sin registro, entre ellos retatrutida, tirzepatida 10 mg, GHK-Cu, LIPO-C + B12 y NAD+⁶. Más contexto en nuestra cobertura de la paradoja de la semaglutida sin patente ni genérico.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, el 31 de julio de 2026, reforzó las inspecciones a droguerías y recordó que estos medicamentos solo deben adquirirse con fórmula y en establecimientos autorizados⁸. Sobre los «péptidos» para bajar de peso, el Invima precisó en julio que «la existencia de péptidos no implica, por sí misma, un riesgo para la salud»: el problema es la venta sin registro, y muchos productos «provienen de laboratorios clandestinos» sin controles de esterilidad ni de calidad⁷.

Demanda sin cobertura y mercado gris: el argumento del sistema de salud

Portafolio citó a Bain & Company: el 10 % de los colombianos dice usar o haber usado este tipo de tratamientos para controlar el peso⁶. Juan Merchán, de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), advirtió que cuando alguien usa un producto no regulado y termina en urgencias por hipoglucemia o pancreatitis, «este evento adverso lo termina absorbiendo el sistema, muchas veces por vía de urgencias, la puerta más cara del sistema»⁶.

Ese es el argumento de fondo de quienes piden acceso garantizado: sin una ruta formal, parte de la demanda va a canales sin trazabilidad. La endocrinóloga Karen Palacios lo dijo así a El Colombiano: «El problema de estos péptidos no regulados no es si sirven o no. Pueden servir», y el riesgo principal es de seguridad y procedencia⁹. Es una hipótesis razonable, pero no está demostrada: ninguna de las fuentes consultadas mide cuánto del consumo irregular desaparecería con cobertura.

Qué evidencia tendrán que usar las guías del Ministerio de Salud

Si el artículo 9 se convierte en ley, las guías tendrán que apoyarse en ensayos como estos:

• SELECT (17.604 pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular, sin diabetes): semaglutida 2,4 mg redujo el desenlace cardiovascular primario a 6,5 % frente a 8,0 % con placebo (razón de riesgo 0,80), pero la suspensión por eventos adversos fue de 16,6 % frente a 8,2 %¹².
• STEP 1: pérdida de peso media de 14,9 % con semaglutida frente a 2,4 % con placebo a 68 semanas¹³.
• SURMOUNT-1: con tirzepatida, -15,0 %, -19,5 % y -20,9 % según la dosis, frente a -3,1 % con placebo a 72 semanas¹⁴.
• Extensión de STEP 1: un año después de suspender, los participantes recuperaron dos tercios de la pérdida de peso, lo que apoya la lectura de la obesidad como enfermedad crónica y plantea el problema de la duración y el costo del tratamiento¹⁵.

La OMS llegó a una conclusión parecida pero prudente: su guía de diciembre de 2025 sobre semaglutida, tirzepatida y liraglutida es condicional por datos limitados de eficacia y seguridad a largo plazo, incertidumbre sobre el mantenimiento y la suspensión, costos actuales y preparación de los sistemas de salud, y estima que estas terapias llegarán a menos del 10 % de quienes podrían beneficiarse en 2030¹¹.

Qué debe vigilar el prescriptor mientras llega el segundo debate

• Estado del trámite: el proyecto debe pasar plenaria de la Cámara y luego Senado; no hay fecha verificada¹².
• Texto final del artículo 13 y del parágrafo del IETS: define si el acceso será real o solo programático¹.
• La futura guía del Ministerio de Salud: será el documento operativo que fije indicación, severidad y priorización¹.
• El registro sanitario: verificar en el Invima que cada producto esté autorizado antes de formularlo o recomendarlo; la alerta 95-2026 pide exactamente eso⁵.