Hasta 15 años de cárcel para el médico: la ley de biopolímeros y sus víctimas que siguen esperando

Qué castiga la ley

La Ley 2316 de 2023, publicada el 17 de agosto de 2023, creó el delito de lesiones personales con sustancias modelantes no permitidas¹. Su artículo 3 añadió al Código Penal el artículo 116B: «El que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas» enfrenta de 32 a 120 meses de prisión y multa de 150 a 250 salarios mínimos mensuales¹. Si lo hace un profesional de la salud, la pena sube a 96 a 180 meses (8 a 15 años), con multa de 200 a 300 salarios mínimos e inhabilidad de 60 meses para ejercer¹. Las penas aumentan entre un tercio y la mitad si la víctima es menor de 18 años, si hubo engaño sobre la sustancia o si se afecta el rostro¹². La sanción presidencial se anunció el 22 de agosto de 2023; Portafolio y RTVC Noticias resumieron que las penas suben cuando quien aplica la sustancia es médico o cirujano, o cuando el paciente es menor de edad²⁷⁸.

La ley define las sustancias modelantes permitidas como las «sustancias de relleno inyectables utilizadas en tratamientos corporales con fines estéticos» incluidas en el listado del Ministerio de Salud, y las no permitidas como las inyectables o invasivas que no están en ese listado y se usan sin autorización con fines estéticos (art. 2)¹. Según el Senado, el 95 % de las víctimas de biopolímeros son mujeres³. La cifra coincide con la literatura clínica colombiana: en una serie de 1.322 pacientes atendidos en Cali por complicaciones de sustancias modelantes, el 95,5 % eran mujeres, el sitio más afectado fueron los glúteos y la mayoría de los procedimientos los había hecho personal sin la debida formación¹⁰. La enfermedad tiene nombre, alogenosis iatrogénica, y sus manifestaciones pueden aparecer entre seis horas y 30 años después de la aplicación, con síntomas locales o sistémicos¹¹; en México, una serie de 23 pacientes con úlceras por estas sustancias describió latencias de una semana a 17 años y complicaciones sistémicas¹².

Registro de ventas y listado oficial

La ley ordenó al Ministerio de Salud, a través del INVIMA, expedir el listado de sustancias permitidas dentro de los tres meses siguientes a su vigencia (art. 4), y crear un sistema de información interoperable para rastrear su origen y su venta (art. 6)¹. También obliga a publicar en línea, de forma gratuita, la lista de instituciones y profesionales autorizados, y a mantener allí las sanciones disciplinarias hasta por 5 años (art. 7)¹.

La implementación fue lenta. Seis meses después de expedida la ley, según La FM, el senador Carlos Fernando Motoa, su ponente, escribió al ministro de Salud que «hemos encontrado algunos obstáculos en la implementación», y pidió, entre otras cosas, «Que el Invima concrete el listado de sustancias modelantes permitidas en Colombia»⁴. El 2 de mayo de 2024, el Decreto 545 de 2024 reglamentó el registro de control de ventas: dejó constancia de que el listado ya se había expedido y obligó a todo el que haga una transacción primaria, secundaria o final con una sustancia permitida a reportarla al INVIMA, con plazos quincenales; la persona que recibe la inyección no tiene que reportar⁵⁹. Según Consultorsalud, las transacciones del 1 al 15 de cada mes se reportan hasta el día 25, y las del 16 a fin de mes, hasta el día 10 del mes siguiente; a febrero de 2024, el INVIMA autorizaba 98 combinaciones de sustancias⁹.

El INVIMA también ha llevado el tema a foros públicos. En el primer foro sobre biopolímeros y salud pública que organizó con la Universidad Javeriana, su director general, Francisco Rossi, dijo: «Los biopolímeros no son solo un asunto estético o regulatorio; son un desafío de salud pública»¹⁴. La jornada incluyó una sesión técnica sobre sustancias modelantes con 102 representantes de secretarías de salud departamentales y distritales¹⁴.

Las víctimas, todavía esperando

La ley también obliga a incluir en el Plan de Beneficios en Salud el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y extracción de estas sustancias, además del apoyo en salud mental (art. 5)¹. El 1 de abril de 2026, El País de Cali informó el caso de Geraldine, una joven de Barranquilla en estado crítico: según la senadora Norma Hurtado, lleva más de 13 años con dolor crónico por biopolímeros, perdió un riñón y el otro funciona al 30 %, y pese a tener un fallo de tutela que ordena su atención integral no ha recibido servicios urgentes de la Nueva EPS⁶¹³. En una columna en Diario Occidente, la senadora agregó que el dolor la llevó a depender del tramadol, «sin imaginar que ese camino terminaría afectando gravemente su salud renal», y que hoy está en estadio 4 de falla renal¹³. «No solo se está incumpliendo una orden judicial, sino también una ley que protege a las víctimas de biopolímeros», dijo la senadora⁶.

Lo que significa para la consulta

Para el médico estético, la consecuencia práctica es doble. Primero, el riesgo penal es personal y alto: el artículo 116B castiga con más dureza al profesional que al lego¹. Segundo, la trazabilidad ya es obligatoria: quien aplica una sustancia permitida debe poder documentar de dónde vino y reportar la transacción⁵. Comprar un relleno por WhatsApp no es solo una falta sanitaria; según el producto, puede convertirse en un delito.