Medicina estética en Colombia: ¿quién puede inyectar? INS y ley

En Colombia, la pregunta «¿quién puede inyectar?» tiene una respuesta más incómoda de lo que sugiere el titular de la prensa económica. Portafolio publicó el 5 de septiembre de 2026 que el país vive un auge de procedimientos estéticos y que «no existe una especialidad formal para ejercerlos»². Los datos de vigilancia del Instituto Nacional de Salud (INS) son reales y preocupantes¹. Pero el marco jurídico es menos simple: ni la Resolución 3100 de 2019 ni la Ley 2316 de 2023 dicen lo que mucha gente cree que dicen⁴⁶.

Las cifras: 490.944 procedimientos y 257 lesionados en 16 semanas

Según Portafolio, que cita datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), Colombia realizó 490.944 procedimientos estéticos en 2024: 321.408 quirúrgicos y 169.536 no quirúrgicos, con 41.280 liposucciones y 33.984 aumentos mamarios; cerca del 30 % de los pacientes serían extranjeros². El comunicado público de ISAPS que revisamos solo menciona a Colombia entre los países con mayor proporción de pacientes extranjeros y no desglosa cifras por país, así que esos números se atribuyen a Portafolio¹¹.

La fuente primaria es el Boletín Epidemiológico Semanal n.º 18 del INS (27 de abril al 3 de mayo de 2025). De los 257 casos notificados en 2025, el 62 % fue hospitalizado, el 33 % de estos pasó por cuidados intensivos y hubo un 3 % de fallecidos. Las infecciones y la sepsis fueron el 55 % de las lesiones; el tórax y el abdomen concentraron el 50,8 %; y la liposucción tuvo la mayor tasa, con 127,6 por 10.000 procedimientos realizados¹. El mismo boletín precisa que 41 casos eran personas sin afiliación al sistema de salud y que 21 de ellas (51,2 %) eran extranjeras¹.

Portafolio añade que en 2023 el INS registró 348 casos con una letalidad del 8 %²; esa cifra no figura en el boletín que pudimos abrir, por lo que se atribuye al medio. El INS pidió además al Ministerio de Salud convocar mesas con el Invima y las asociaciones científicas para estandarizar procedimientos, con énfasis en liposucciones¹².

¿Qué dice la ley sobre quién puede aplicar?

Aquí está el punto que un médico debe leer en la norma y no en el titular. La Resolución 3100 de 2019, el marco de habilitación que Portafolio cita², trae un parágrafo en su artículo 1: ni la resolución ni su Manual «no establece[n] competencias para el talento humano», porque estas están definidas en los programas académicos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional⁶. En el artículo 17 se establece, además, que los prestadores con servicios quirúrgicos de cirugía plástica y estética son prioridad para visitas de verificación⁶.

La Ley 2316 de 2023 tampoco define quién puede aplicar. Su artículo 3 crea el delito de lesiones personales con sustancias modelantes no permitidas (artículo 116B del Código Penal): prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos para quien las inyecte o infiltre; si lo hace un profesional de la salud, 96 a 180 meses, multa de 200 a 300 salarios y inhabilidad de 60 meses⁴. El artículo 4 ordena al Ministerio de Salud, por medio del Invima, expedir el listado de sustancias permitidas; el artículo 7, publicar una lista pública de instituciones y profesionales autorizados con sus sanciones; y el artículo 8, que el consentimiento informado detalle componentes, complicaciones y cuidados posteriores⁴.

El Decreto 545 de 2024 reglamentó el registro de control de ventas de las sustancias permitidas, con trazabilidad del origen y de cada actor de la cadena y reportes quincenales (hasta el día 25 las transacciones del 1 al 15, y hasta el día 10 del mes siguiente las del 16 al cierre)⁵. Otras páginas jurídicas atribuyen a la ley listas de especialistas autorizados o multas específicas; no las encontramos en el texto de la ley ni en el decreto, y por eso no las repetimos.

«Sin especialidad»: la parte que el titular no cuenta

Portafolio sostiene que la medicina estética no está reconocida como especialidad, que ningún posgrado tiene registro calificado y que la formación se da en cursos cortos, aunque la atribución de esa información al Ministerio de Educación es ambigua en el texto². Hay dos matices verificables. Primero, la Universidad del Rosario describe una especialización en medicina estética creada en 2002, con su primera cohorte ese año¹⁰; el artículo es de 2019 y no pudimos confirmar en el SNIES si su registro calificado sigue vigente, así que ese dato conviene consultarlo en la fuente oficial.

Segundo, el Consejo de Estado resolvió en 2015 que el Ministerio de Salud no podía exigir «especialista en medicina estética» en el estándar de talento humano de la Resolución 1441 de 2013: anuló esas palabras porque solo el legislador puede exigir títulos de idoneidad⁸. En 2016 negó las pretensiones de la Asociación de Medicina Estética Colombiana contra otros apartes de la misma resolución, apoyándose en esa decisión previa⁹. En términos prácticos: la puerta legal es el título de médico y su registro, no un título de «medicina estética»; y la ausencia de una especialidad exigible no equivale a ausencia de reglas sobre la sala, el producto o el consentimiento⁴⁶⁸.

Clínicas, pasaportes y «células madre»: el caso de Supersalud

El 16 de julio de 2026, Portafolio reportó que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Salud y el Invima, inspeccionó clínicas y apartamentos en Bogotá donde halló pasaportes, cédulas y otros documentos de pacientes extranjeros³. Recibió denuncias de pacientes de México y Costa Rica captados por redes sociales y encontró que varios tratamientos ofrecidos como terapias con «células madre» corresponderían, en realidad, a aplicaciones de biopolímeros, cuyo uso estético, según la nota, está prohibido por la Ley 2316; lo recopilado se envió a la Fiscalía³. Con más precisión: la ley penaliza las sustancias modelantes que no están en el listado permitido, no «todo biopolímero»⁴. La nota no precisa fechas de los operativos, número de establecimientos ni capturas³.

El caso conecta con otros que ya cubrimos: los falsos cirujanos con diplomas falsos, con más de 200 víctimas según la Alcaldía de Bogotá¹²; las clínicas clandestinas selladas en Bogotá; el proyecto de ley PL 187 de 2026; y la Ley Yulixa y la vieja pelea por quién puede operar. Sobre la ley penal, véase también la ley de biopolímeros.

Qué riesgos clínicos están en juego

Los riesgos no son abstractos. Una serie del propio INS en Cali con 1.322 pacientes con complicaciones por sustancias modelantes encontró que el 41,8 % ignoraba qué sustancia había recibido, que el 28,5 % recibió biopolímeros y que estos procedimientos fueron realizados en su mayoría por personal no calificado¹⁴. La alogenosis iatrogénica, enfermedad por biopolímeros con fines estéticos, puede manifestarse entre seis horas y 30 años después, con granulomas por cuerpo extraño de tipo sarcoideo¹⁵; una serie de pacientes con reacciones a agentes modeladores no aprobados describe úlceras cutáneas, desfiguración e incluso muerte¹⁶. En procedimientos «legítimos» también hay riesgo: la ceguera por rellenos es rara pero catastrófica, con tratamientos no consistentemente exitosos¹⁷; y la toxina botulínica A causa sobre todo eventos leves y transitorios, aunque se esperan más eventos a medida que crece su uso¹⁸.

Qué puede hacer un médico hoy

• Verificar nombre y documento en el ReTHUS (SISPRO): muestra profesión, estado de autorización y sanciones reportadas¹³. No sustituye pedir los títulos.
• Confirmar que el sitio esté habilitado: Supersalud lo resume así, «lo primero es confirmar que la clínica esté habilitada»³.
• Exigir producto trazable y consentimiento con componentes, complicaciones y cuidados, tal como ordena la Ley 2316⁴⁵.
• Seguir la actualización de la Resolución 1732 de 2026, que reemplaza la 3100 e incluye visitas previas para habilitar servicios quirúrgicos de cirugía plástica y estética; el comunicado no menciona procedimientos no quirúrgicos ni fija fecha de vigencia⁷.